La patronal de auditores de cuentas proponen formar parte de la supervisión de subvenciones y ayudas concedidas a las empresas
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Desde la división madrileña del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Víctor Alió, propone centrar las medidas de supervisión en controles a posteriori, es decir una vez han sido concedidas. Desde su punto de vista consideran que juegan un rol importante a la hora de garantizar el buen uso de los fondos públicos.
Desde la patronal solicitan una mayor y más estrecha colaboración público-privada tal y cómo está sucediendo en países vecinos como Francia, que trabaja de esta manera para controlar la correcta aplicación y uso de estas ayudas. Afirman que a través de esta supervisión, se asegura que el fondo europeo de recuperación contra la pandemia se ejecuta con todas las garantías y de acuerdo a los requisitos establecidos.
La petición se avala tras un informe del Tribunal de Cuentas Europeo en el que se detectaron ‘errores’ en la gestión del presupuesto comunitario de 2019. Según el responsable de ICJCE, “Habrá que gestionar bien los fondos de la UE destinados a paliar los efectos de la crisis del coronavirus. El informe asegura que la Comisión Europea y los Estados Miembros tienen una enorme responsabilidad en la gestión correcta y eficaz de las finanzas de la UE».
A raíz de esta solicitud, el Ministerio de Economía estudia una suspensión temporal de los límites que obligan a las empresas a auditar sus cuentas y que no se tengan en consideración los cierres de los ejercicios producidos entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2022.
Actualmente, las empresas con ingresos inferiores a 5,7 millones de euros no necesitan obligatoriamente ser auditadas, pero la patronal defiende que la crisis económica dará lugar a que empresas que antes superaban esa cifra de negocio y rendían cuentas, dejen de hacerlo porque verán sus ingresos reducidos por debajo de ese umbral mínimo.
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Plan de Recuperación para Europa
Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de coronavirus, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los dirigentes de la UE han acordado un plan de recuperación que liderará el camino hacia la salida de la crisis y sentará las bases para una Europa moderna y más sostenible.
El presupuesto a largo plazo de la UE, junto con la iniciativa NextGenerationEU, que es un instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación, será el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la UE. Un total de 1,8 billones de euros ayudará a reconstruir la Europa posterior a la COVID-19, que será más ecológica, digital y resiliente.
El nuevo presupuesto a largo plazo aumentará los mecanismos de flexibilidad para garantizar su capacidad de hacer frente a necesidades imprevistas. Se trata de un presupuesto preparado no solo para las realidades actuales, sino también para las incertidumbres del futuro.
El 10 de noviembre de 2020, se alcanzó un acuerdo entre el Parlamento Europeo y los países de la UE en el Consejo sobre el próximo presupuesto de la UE a largo plazo y NextGenerationEU. Este acuerdo permitirá reforzar programas específicos con cargo al presupuesto a largo plazo para el período 2021-2027 por un total de 15 000 millones de euros.